Ya era hora que se empiecen a aplicar castigos ejemplares a los irresponsables e incautos que piensan que pueden hacer lo que quieran en lo que no es suyo solo porque está dentro de su propiedad. Algunos se creen con derecho de actuar libremente sobre bienes culturales y públicos, y quedar impunes, por el hecho de encontrarse éstos en una parcela de su pertenencia. Hay quienes pensarán que se trata de un pobre viejo ignorante y que estas medidas son exageradas, pero en esta ocasión no parece que sea así. Su parcela estaba calificada como suelo no urbanizable de especial protección por estar en una zona arqueológica y no creo yo que este señor desconociera ese dato que afecta a su propiedad, además inició obras sin licencencia, y en el supuesto de que por el motivo que fuere no supiera nada de lo anterior, tampoco detuvo las obras cuando empezaron a salir a la luz parte de los restos dañados. En suma, una cadena de infracciones que deben ser penalizadas duramente para que sirvan de escarmiento.

Le piden casi dos millones de euros por daños en un yacimiento romano

El acusado construyó una balsa de riego en una zona protegida por su valor arqueológico destruyendo los restos que había en la parcela

02.08.11 - 00:12 -

JUAN ESTEBAN POVEDA | JAÉN.

José Ramón M.M., de 71 años, será juzgado en los próximos meses por un delito de daños. Y no unos daños cualquiera. La Fiscalía le pide casi 1,9 millones de euros por destrozos en un yacimiento romano en Cerro Porrero, término municipal de Úbeda. Se trata de una de las indemnizaciones más fuertes que se han solicitado por un delito de daños en la provincia de Jaén, sin precedentes en los tribunales de Justicia en los últimos años.

El Fiscal considera que el acusado es propietario de una parcela en Úbeda ubicada en el paraje de Cerro Banderas, finca Ana Prieta. Es suelo calificado como no urbanizable de especial protección por estar en zona del yacimiento arqueológico conocido como Cerro Porrero. Un yacimiento catalogado e inventariado en el Sistema de Información de Patrimonio Histórico de Andalucía. Debajo de la tierra y las olivas están los restos de un asentamiento ibero y romano.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, «el acusado procedió en el mes de septiembre-octubre de 2005 como promotor y constructor de las obras, a encargar y dirigir la construcción de una balsa para el almacenamiento de riego para el olivar así como la apertura de un carril para el acceso de la maquinaria. La realización de tales obras y los consiguientes movimientos y remociones de tierra con maquinaria que han llevado a cabo y que no tenían licencia ninguna por parte de la administración local competente, toda vez que no eran autorizables por la clasificación del suelo y su grado de protección, han ocasionado la desaparición de gran parte de la topografía del cerro, generando una explanación del suelo con aflojamiento del sustrato geológico». Las obras «han producido la destrucción del yacimiento arqueológico», dice el Fiscal.

Grandes sillares

Los daños se localizan en un terreno de unos 13.000 metros cuadrados «afectando a estructuras y niveles de la época romana con posible afectación a edificios de carácter religioso o funerario de cierta entidad». De la zona se extrajeron sillares de gran tamaño, fragmentos de cornisas molturadas y fustes de columnas con tratamiento para estucado. En un cortijo propiedad del acusado se encontraron piezas que pueden ser de época romana, como una pila de piedra, sillares, vasijas y columnas que se han utilizado para sujetar la estructura de una nave de ganado, relata el Fiscal.

Los daños en el yacimiento arqueológico, dice el Fiscal, han sido valorados por la Junta de Andalucía en la cantidad de 1.879.664 euros, cantidad que con los intereses que correspondan se reclaman al acusado. Además se le pide que entregue las piezas arqueológicas que tenga en su cortijo y las que se detectaron tras las obras de construcción de la balsa.

Fiscalía considera al acusado autor penalmente responsable de un delito de daños cometidos por imprudencia grave en un yacimiento arqueológico, por lo que reclama que se le imponga una multa de 6.600 euros.

Si no la pagase, el Fiscal considera que debería pasar en prisión cinco meses. El acusado no tiene antecedentes.